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AVISPA MIDIA: RAN reconoce
avance del crimen organizado en tierras sociales
Publicado por Avispa Midia
Por Sare Frabes
9 octubre, 2024
En portada: Familias tzotziles de Chalchihuitán, desplazadas por
la violencia de grupos criminales en la región Altos de Chiapas.
Foto: Cuartoscuro
El ex titular del Registro Agrario Nacional (RAN), Plutarco
Emilio García Jiménez, pocos días antes de dejar su cargo, a
principios de octubre, admitió que, por lo menos en los estados
de Chiapas, Oaxaca y Sinaloa, ha habido “apropiación de tierras
ejidales y comunales por parte de la delincuencia” organizada, y
que ha habido desplazamientos de comunidades indígenas y
campesinas, sobretodo en Chiapas.
Las declaraciones fueron dadas por García Jiménez momentos antes
del lanzamiento del Atlas de la Propiedad Social de la Tierra en
México 2024, en Morelos, que concluye que un poco más del 50%
del territorio mexicano continúa siendo constituido por
propiedad social – ejidos o comunidades-, donde se encuentran
poco más de 5.4 millones de sujetos agrarios y sus familias.
Gran parte de los recursos naturales se encuentran dentro del
régimen de propiedad social. El 70% de los bosques y dos
terceras partes de los recursos hídricos se localizan en ella.
68 pueblos indígenas viven en estas tierras.
Familias de la región fronteriza entre Guatemala y Chiapas
huyeron rumbo al país centroamericano debido a la exacerbación
de enfrentamientos entre grupos del crimen organizado.
Alertas y denuncias sobre la acción de estos grupos, realizados
por organizaciones de derechos humanos y de las comunidades y
pueblos en todo el México, se han intensificado en los últimos
años, especialmente en las regiones sur-sureste del país donde
el gobierno federal ha implementado una reestructuración
territorial impulsada por megaproyectos, como el Tren Maya y el
Corredor Interoceánico.
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mientras violencia exacerba crisis humanitaria
Recientemente organizaciones de Chiapas, Oaxaca y Guerrero –
entre ellas Centro de Derechos Humanos de la Montaña
Tlachinollan, Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte
del Istmo y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las
Casas - realizaron un foro público regional, en Oaxaca, para
denunciar la situación. “Contamos con características y
denominadores comunes en los tres estados del sureste del país,
nuestras principales fortalezas y conquistas históricas han sido
la propiedad social de la tierra y nuestro sistema de
organización colectivo, basado principalmente en la toma de
decisiones colectivas mediante nuestras asambleas comunitarias”,
sostienen en un comunicado.
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irregular de materiales destinados al Corredor Interoceánico
La grave situación de violencia social ha sido desencadenada por
el despojo de “nuestros bienes comunes”. “La mayor presencia de
la delincuencia organizada se está concentrando en las regiones
de imposición de proyectos extractivos, tal es el caso de
proyectos mineros, eólicos, gasoductos, ampliaciones de
carreteras (en Guerrero, Chiapas y Oaxaca). A quienes estamos en
oposición a dichos proyectos, nos asesinan, desaparecen,
criminalizan y deslegitiman”, dicen.
Organizaciones sociales y de derechos humanos han registrado
violencia y criminalización contra comunidades indígenas que
protestan ante la imposición del Corredor Interoceánico en el
Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.
La desaparición de jóvenes y mujeres, los asesinatos, cobro de
cuotas, desplazamientos forzados, falta de resolución de
conflictos y mayor presencia de grupos armados y delincuencia
organizada en las comunidades “son muestra de dicha situación”.
Además, sostienen, existe impunidad y no acceso a la justicia a
personas defensoras que han sido agredidas por grupos
paramilitares, de choque, delincuencia organizada “que se mueve
al amparo de la impunidad”.
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tierras comunales y ejidales
Solamente en Chiapas, a partir de diversos informes, se han
documentado la cifra de 21 mil indígenas desplazados en los
últimos dos años, el asesinato de 176 personas defensoras
durante este sexenio, el reclutamiento de jóvenes, la violencia
generada en el último proceso electoral, además de la
criminalización contra integrantes del movimiento social.
“Las consecuencias de la imposición de dicho modelo, la
negligencia de gobiernos estatales y federales y la impunidad
han sido la normalización de la violencia, la contaminación
irreversible del medio ambiente, una crisis profunda del agua en
la región sureste, la pérdida de la flora y la fauna, el control
territorial por parte de empresas y crimen organizado, la apatía
ciudadana, el miedo generalizado en nuestras comunidades,
fracturas comunitarias, además de graves afectaciones a nuestro
tejido social”, señalan.
Las organizaciones y comunidades hacen énfasis en el hecho de
que apuestan en un modelo de sociedad en el que los bienes
comunes son prioridad, la propiedad social de la tierra, la
integridad de los territorios, el fortalecimiento del tejido
social. “Este modelo se encuentra en clara confrontación con el
modelo neodesarrollista, marcado por la violencia, los
asesinatos, la criminalización, la obstaculización de instancias
agrarias al reconocimiento de los estatutos y reglamentos
internos de las comunidades y la militarización de nuestros
territorios”.
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